El director de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, afirmó este domingo que la tragedia fue el resultado directo de una conducta negligente, irresponsable y criminal por parte de los imputados.
“Lo ocurrido en el Jet Set Club es una tragedia evitable, consecuencia del desprecio absoluto por la vida humana por parte de sus propietarios”, declaró.
Camacho informó que el Ministerio Público ha aportado más de 130 pruebas documentales, testimoniales, periciales y técnicas para sustentar la solicitud de medidas de coerción.
Estas incluyen imágenes, videos, conversaciones y peritajes estructurales que demuestran que los imputados estaban plena y reiteradamente conscientes del deterioro del techo y aun así no suspendieron las actividades del local.
El titular de Persecución también reveló que durante la investigación se detectaron intentos de intimidación a testigos por parte de los acusados, lo que constituye un riesgo procesal grave.
“Esto refuerza la necesidad de imponer medidas cautelares contundentes para garantizar la continuidad del proceso sin interferencias ni obstrucciones”, puntualizó Camacho.
El informe técnico de peritaje descartó factores externos como fenómenos naturales y concluyó que el derrumbe fue provocado por una sobrecarga estructural. El techo colapsó tras años de acumulación de mortero en capas sucesivas, equipos de climatización, tinacos y otras estructuras, colocadas sin evaluación técnica ni supervisión profesional.
Los responsables, según la Fiscalía, instalaron y autorizaron estos elementos de peso elevado sin estudios previos, favoreciendo un modelo de mantenimiento improvisado, orientado a la rentabilidad económica a costa de la seguridad humana.
El colapso ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez, quien también falleció, ofrecía un concierto en el reconocido centro nocturno.
Según las evidencias, horas antes del derrumbe ya se habían reportado caídas de plafones y advertencias directas al señor Antonio Espaillat, quien no ordenó suspender la fiesta, decisión que resultó fatal.
El Ministerio Público ha tipificado la conducta de los imputados bajo los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, referentes a homicidio y lesiones involuntarias, solicitando medidas coercitivas que aseguren su presentación en juicio.
