El Ministerio Público reveló que las remodelaciones, ampliaciones y adecuaciones estructurales realizadas en la discoteca Jet Set Club se ejecutaron de forma ilegal, sin cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades competentes, lo que constituye una violación directa a normativas de construcción y representa una grave negligencia por parte del imputado Antonio Espaillat López.
Según el expediente, todas las intervenciones estructurales realizadas en el inmueble desde su conversión en discoteca en 1994, incluyendo trabajos relevantes en 2010 y 2015, fueron ejecutadas sin gestionar los permisos correspondientes ante la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC), hoy Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ni ante la Alcaldía del Distrito Nacional.
El Ministerio Público cita la inobservancia del Reglamento R-021, que exige licencia de construcción y la presentación de planos aprobados antes de cualquier alteración estructural.
En los archivos del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) no existe constancia de solicitudes, anteproyectos ni planos sometidos relacionados con la edificación que albergaba el Jet Set.
Tampoco en la Dirección de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional se encontró registro de autorización para remodelación, anexos o modificación del uso del inmueble, lo cual infringe lo estipulado por la Ley núm. 6232 de 1963, que rige el ordenamiento urbano y la tramitación de permisos de edificación.
Estas omisiones legales y administrativas, destacan los fiscales, fueron responsabilidad directa de Antonio Espaillat López, quien gestionó las obras sin someter ningún expediente técnico ante las entidades responsables.
Esta falta de supervisión institucional no solo es una violación normativa, sino que demuestra, según el Ministerio Público, una conducta negligente y deliberada, al ignorar las obligaciones legales orientadas a proteger la vida de los usuarios del establecimiento.
El informe técnico detalla además que, de haberse sometido los proyectos a revisión institucional, podrían haberse detectado las deficiencias estructurales que finalmente derivaron en el colapso del techo el pasado 8 de abril, provocando 235 muertes y más de 180 personas heridas.
El Ministerio Público ha solicitado declarar el caso como complejo, y presentará cargos formales por homicidio involuntario, violación a normas de construcción, negligencia criminal y obstrucción a la justicia.
