El Ministerio Público señala que los ejecutivos de la discoteca priorizaron el beneficio económico por encima de la seguridad y la vida de empleados y clientes.
En uno de los hechos más graves reseñados, la imputada Maribel Espaillat, aún con conocimiento de un incidente de caída de escombros ocurrido horas antes del desplome, se negó a suspender la actividad programada.
Justificó su decisión alegando la ausencia de Antonio Espaillat y la supuesta imposibilidad de cancelar la fiesta.
“La negativa a suspender el evento, pese a conocer el riesgo, demuestra una actitud temeraria que subordinó la seguridad humana a la operación del negocio”, afirmaron los fiscales en la solicitud de medida de coerción, que también califica el caso como complejo por la cantidad de víctimas y elementos involucrados.
Los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, fueron informados de manera directa y constante sobre los graves problemas estructurales del techo del establecimiento, pero decidieron ignorar las advertencias con el fin de mantener sus operaciones comerciales, según establece el Ministerio Público en su expediente acusatorio.
Los fiscales aseguran que los imputados recibieron reportes visuales, incluyendo fotos y videos, y múltiples comunicaciones de sus propios empleados, alertando sobre la caída de escombros y el peligro inminente de colapso. “A pesar de estas advertencias explícitas, optaron por no actuar”, indica el documento judicial.
El proceso judicial contra los propietarios del Jet Set continúa avanzando, mientras la sociedad y las autoridades demandan respuestas claras sobre las causas de la tragedia que marcó al emblemático centro de entretenimiento.
