El estado de California demandó al presidente Donald Trump por el despliegue considerado «ilegal» de la Guardia Nacional durante protestas en Los Ángeles contra redadas migratorias.
Según el fiscal general Rob Bonta y el gobernador Gavin Newsom, esta acción violó la Décima Enmienda al federalizar tropas sin autorización estatal.
Las autoridades californianas afirman que Trump activó a la Guardia Nacional sin consentimiento del gobernador, algo que no ocurría desde 1965. Bonta señaló que las protestas estaban bajo control y que usar a las tropas en ese contexto fue un abuso de poder y una falta de respeto a su función.
La decisión ha intensificado el conflicto entre el Gobierno federal y el de California. Mientras Trump justificó el despliegue como medida de orden público, Newsom insistió en que solo él tiene autoridad para convocar a la Guardia Nacional en el estado, como ya ha hecho en otras emergencias.
Desde la Casa Blanca, Tom Homan, asesor en política migratoria, advirtió que Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podrían enfrentar consecuencias legales. El gobernador respondió con ironía: “Tom, arréstame”. Homan aclaró después que no hay planes de arresto, pero que no se tolerará la obstrucción de leyes federales.
