El Ministerio Público obtuvo un año de prisión preventiva contra Luisa Fernanda González Contreras, acusada de formar parte de una red de trata de personas desmantelada durante la Operación El Círculo.
El juez Romaldy Marcelino Henríquez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, impuso la medida cautelar y declaró el proceso como de tramitación compleja, aceptando íntegramente la solicitud del Ministerio Público.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por la procuradora Yoanna Bejarán, en colaboración con la Fiscalía de Puerto Plata, dirigida por el fiscal Kelmi Duncan, lleva a cabo la investigación, con el apoyo de las fiscales Carmen Daynisa Rosario Pascual y Patricia Lagombra Polanco.
Captación, traslado y explotación sexual
El caso se centra en una red criminal dedicada a la captación, traslado y explotación sexual de mujeres colombianas traídas a República Dominicana. González Contreras está acusada de ser la principal responsable de captar a las víctimas, transportarlas y alojarlas en Puerto Plata, aprovechándose de su vulnerabilidad para explotarlas sexualmente.
Este proceso resalta no solo la grave violación de los derechos humanos de las víctimas, sino también la amenaza que representan estas redes criminales para la seguridad de la sociedad. Según el Ministerio Público, se ha presentado suficiente evidencia para vincular a la imputada con los hechos.
González Contreras enfrenta cargos por violación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el artículo 309 del Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado.
La operación fue posible gracias a la colaboración entre la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), la Fiscalía de Puerto Plata, la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), el Departamento de Homeland Security Investigations (HSI), la Policía Preventiva de Puerto Plata y la ONG Anti-Trafficking Bureau (ATB).
