El exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, fue liberado de la cárcel de Najayo tras pagar la fianza impuesta por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Beras está siendo investigado por una presunta estafa relacionada con la firma de un contrato para la red semafórica del Gran Santo Domingo, en el marco de la denominada operación Camaleón.
La medida de coerción para Beras, Goico y Padovani Báez fue modificada a una garantía económica de RD$5 millones por contrato, presentación periódica e impedimento de salida sin autorización judicial. En el caso de José Gómez Canaán (Jochi), la Corte dispuso el pago de RD$2 millones, que fue efectuado el pasado martes, permitiéndole estar en su residencia.
Beras expresó su satisfacción por su libertad condicional, manifestando que podrá reunirse nuevamente con sus hijos.
Un año y medio como medida de coercón para Beras
El juez Rigoberto Sena había dictado un año y medio de prisión como medida de coerción para Beras, Jochi y Pedro Vinicio Padovani, quienes son señalados como los principales involucrados en la firma del contrato presuntamente irregular entre el Intrant y la empresa Transcore Latam, por un monto superior a 1,317 millones de pesos.
También están bajo medida de coerción: Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas. El grupo fue arrestado tras varios allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana.
Las acusaciones incluyen terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco. Según el Ministerio Público, Atilano Díaz Warden habría influenciado al encargado del departamento de compras del Intrant para modificar el pliego de condiciones del contrato de manera inapropiada, lo que impidió una evaluación técnica adecuada y transparente. Además, se han detectado vínculos entre las empresas Aurix SAS y Transcore Latam SRL, lo que ha generado nuevas dudas sobre la legitimidad del proceso de contratación.
