Garry Conille duró 166 días como primer ministro de Haití. Fue un período difícil. En junio, un mes después de asumir el cargo, llegó una fuerza de seguridad autorizada por la ONU compuesta por unos 400 oficiales de policía kenianos.
Por un momento, algunos haitianos pudieron haber esperado que años de violencia, impunidad y democracia suspendida estuvieran llegando a su fin. No tuvieron tal suerte. La fuerza de Kenia, insuficientemente dotada de personal, ha hecho poca diferencia.
Las muertes por violencia de bandas han aumentado desde su llegada. Las pandillas que controlan Haití siguen teniendo el dominio.
Además de esta crisis de seguridad aparentemente insoluble, 12 millones de haitianos se ven ahora sumidos aún más en un caos constitucional. Haití no ha tenido presidente desde 2021, cuando Jovenel Moïse fue asesinado.
Los líderes nombrados posteriormente han fallado en celebrar elecciones, en gran parte porque el control de las pandillas sobre gran parte del país hace que las elecciones justas sean imposibles.
Conille fue destituido el 8 de noviembre tras una votación del Consejo Presidencial de Transición, un organismo de nueve personas designado en abril por el gabinete de Haití (ninguno de ellos es un político elegido) para asumir las funciones presidenciales.
En tiempos normales, solo el parlamento podría destituir a un primer ministro, pero todos los escaños del parlamento de Haití están vacantes desde enero de 2023. La tarea de Conille, y del consejo, era asegurar el país y prepararlo para elecciones en 2025.
Según se informa, el consejo despidió a Conille no por fracasar en esa tarea (aunque parecía probable que no lo lograría), sino por no satisfacer a los miembros del consejo. La relación ha sido tensa desde que el consejo nombró a Conille en mayo, pero las semillas de su destitución parecen haberse sembrado en octubre, cuando el organismo anticorrupción de Haití acusó a tres miembros del consejo de solicitar sobornos. Conille pidió al presidente del consejo que apartara a los miembros acusados.
Los tres consejeros, Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire y Louis Gérald Gilles, niegan los cargos. Ellos permanecen en el consejo que destituyó a Conille.
Con su destitución, la sucesión de funcionarios no electos parece destinada a continuar, debilitando aún más la legitimidad del gobierno de Haití. El consejo ha designado a Alix Didier Fils-Aimé, un empresario que anteriormente dirigió la Cámara de Comercio e Industria de Haití, para reemplazar a Conille.
En una carta abierta, Conille escribió que su destitución “debilita a nuestro país y compromete seriamente nuestras posibilidades de superar la crisis”.
La ayuda internacional es insuficiente y tardó demasiado en llegar. En septiembre, el presidente de Kenia, William Ruto, afirmó que enviaría otros 600 oficiales a Haití en noviembre. Esto llevaría la fuerza de seguridad a poco menos de la mitad de los 2.500 oficiales originalmente prometidos.
De los otros países que comprometieron fuerzas para la misión, solo Jamaica, Belice y Las Bahamas han enviado personal: 24, dos y seis oficiales respectivamente. Hay al menos seis veces más miembros de pandillas que personal de seguridad extranjero.