El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, solicitó la revisión de un error material en el expediente relacionado con la Operación Camaleón, específicamente en la licitación INTRANT-CCC-LPN-2023-001.
El funcionario indica a través de una comunicación dirigida al titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, que en las páginas 67 y 174 del oficio de solicitud de audiencia de medida de coerción y declaratoria de complejidad, se menciona erróneamente al Ministerio Administrativo de la Presidencia, institución que dirigió y, según sus archivos, dicha mención no se corresponde con los hechos documentados, por lo que solicita una revisión para garantizar la precisión en el proceso.
Hugo Beras, Frank Rafael Diaz, Juan Francisco Álvarez y Samuel Gregorio Baquero, según el Ministerio Público, conformaron una asociación de malhechores con Jochi Gómez, Pedro Vinicio Padovani, Carlos José Peguero y la empresa Transcore Latam, para estafar al Estado dominicano amañando el proceso de licitación que le fue adjudicado a estos últimos por la suma de RD$ 1,317,350,997.00.
Además de la adjudicación, le fue otorgada a estos últimos, a través de Transcore Latam S.R.L., el control del sistema semafórico y de video vigilancia del Gran Santo Domingo, “quienes procedieron a vincular dichos sistemas en un centro de monitoreo y control de la empresa de nombre AURIX S.A.S., que se dedica a la investigación e inteligencia privada”, propiedad del imputado Jochi Gómez.
El pasado viernes el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción cuenta con los elementos suficientes para que el tribunal acoja el pedimento del Ministerio Público en cuanto a la medida de coerción a imponer y la declaratoria de complejidad del proceso.
Los representantes del Ministerio Público revelaron que cuentan con el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, así como, con evidencia sobre el sabotaje en contra de la red semafórica en el mes de agosto, temas que son objetos de la imputación.
