Participación Ciudadana demandó hoy la aplicación de sanciones para los funcionarios públicos que no cumplieron con la declaración jurada de bienes en el plazo establecido, solicitando además el sometimiento al Ministerio Público para que se investiguen estos casos, conforme a lo dispuesto en la Ley 311-14.
Tras el vencimiento del plazo, la mencionada ley establece que la Tesorería Nacional debe retener los salarios de aquellos funcionarios que no hayan reportado sus bienes, hasta que se subsane la omisión. Sin embargo, algunos consideran estas sanciones como insuficientes.
A pesar de ello, representantes de la Sociedad Civil insisten en la necesidad de promover una cultura de cumplimiento y transparencia en el país. Según la normativa, después de la retención salarial, el Ministerio Público debe investigar a los funcionarios, ya sean nuevos, salientes o en funciones, para verificar la procedencia de sus bienes.
El más reciente informe de la Cámara de Cuentas revela que 120 diputados y 19 senadores presentaron sus informes completos. Sin embargo, aunque algunos ministros también cumplieron, no se ha especificado cuáles aún faltan por completar el proceso.
Participación Ciudadana reitera la importancia de aplicar las medidas correspondientes para asegurar el cumplimiento de la normativa anticorrupción.
