El Ministerio Público presentó la noche de este jueves una solicitud de medida de coerción de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso contra ocho individuos y quince entidades o personas jurídicas implicadas en la Operación Gaviota.
Entre los acusados se encuentran Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna Del Cristo Amparo De Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez, y Lucía Martínez Colón, así como entidades como Ixi Intermecom Srl, Guro Investments Srl, Yirewall SRL, COOPEES, Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva, S.R.L, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL, y Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público detalla los bienes adquiridos por la organización y las diversas maniobras utilizadas para atraer inversiones bajo un esquema de inversión fraudulento.
La Operación Gaviota fue iniciada por el Ministerio Público contra una red que captó más de 3,000,000,000.00 de pesos dominicanos a través de un esquema fraudulento llamado Investor Winner. Este grupo criminal prometía invertir el dinero en actividades de trading, asegurando rendimientos mensuales del 10% al 30%.
Los allanamientos, en los que participaron más de cien policías, fiscales y unidades especiales, tuvieron lugar en La Altagracia, Santo Domingo, Azua, Dajabón y el Distrito Nacional. Durante estos operativos se arrestaron personas e incautaron evidencias relacionadas con la investigación.
La red utilizaba medios tecnológicos para llevar a cabo el fraude, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas. Prometían rendimientos extraordinariamente altos y prácticamente imposibles de alcanzar, atrayendo a potenciales inversores con promesas de ganancias seguras y excepcionales, muy por encima de lo que se puede obtener en inversiones legítimas.
Los imputados reclutaban a inversores convenciéndolos de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias que supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de que la inversión se haya colocado en el bróker, ya que la inversión real representaba menos del 15% de lo captado.
Los estafadores realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales. Utilizaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron anteriormente, mostrando una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio generaba ganancias legítimas y sólidas.
Engañaban a las víctimas haciéndoles creer que contaban con los permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos, información que fue desmentida por estos órganos.
Para ocultar rastros y contaminar la investigación, los acusados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y se mudaron de sus domicilios habituales en Higüey hacia Dajabón o Azua, e incluso algunos abandonaron el país.
Estas acciones delictivas han tenido un gran impacto humano, con personas que han perdido todos sus ahorros e incluso han hipotecado sus casas y otras propiedades para invertir todo su patrimonio en Investor Winner.
El Ministerio Público ha recibido numerosas querellas, pero aún hay cientos de víctimas en total negación, creyendo que su dinero está en un bróker internacional. Se niegan a aceptar que su dinero no salió del país y que la inversión real representa menos del 15% de lo captado. El Ministerio Público tiene evidencia de que ese dinero se utilizó para pagar intereses y otras distracciones realizadas por los acusados, incluyendo viajes, procedimientos estéticos, adquisición de bienes raíces y compra de automóviles, entre otros gastos e inversiones.
La investigación fue llevada a cabo en su primera etapa por fiscales de la provincia La Altagracia y en su desarrollo participaron fiscales de unidades especializadas del Ministerio Público en casos de criminalidad organizada, incluyendo a Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Enmanuel Ramírez, Miguel A. Crucey y Alexis Piña.
